Por Francisco Barquín 9 de abril de 2025
La libre circulación de trabajadores es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea (UE) y constituye una piedra angular del mercado único europeo. Este principio permite que cualquier ciudadano europeo pueda desplazarse, residir y trabajar en cualquier otro Estado miembro sin restricciones injustificadas. De tal manera, en un contexto de creciente movilidad internacional, analizar los beneficios, desafíos y perspectivas actuales de este derecho resulta clave para entender su impacto real tanto en los ciudadanos como en las empresas. ¿Qué implica exactamente este derecho? La libre circulación de trabajadores no solo significa poder moverse físicamente entre países. En la práctica, implica: Derecho a trabajar en cualquier país de la UE sin necesitar un permiso específico, salvo algunos procedimientos administrativos mínimos. Igualdad de trato respecto a condiciones laborales, salarios, acceso a prestaciones sociales, formación profesional y sindicalización. Derecho a residir junto con familiares directos, quienes también adquieren derechos derivados como acceso al mercado laboral, educación y atención sanitaria. Beneficios tangibles para trabajadores y empresas Como es de amplio conocimiento, desde su implantación, la libre circulación de trabajadores ha generado beneficios importantes tanto para los individuos como para las economías de los países miembros. Para los trabajadores: Mejora de oportunidades laborales al poder acceder a mercados de trabajo más dinámicos o especializados. Incremento en las posibilidades de desarrollo profesional y personal, permitiendo la adquisición de experiencias internacionales valiosas. Garantía de igualdad en condiciones laborales, salarios y protección social. Para las empresas: Acceso a una mano de obra más amplia y diversa, fundamental para cubrir escasez de talento y habilidades específicas. Mayor flexibilidad para responder rápidamente a cambios económicos y sectoriales. Potencial incremento en productividad e innovación, fruto de la diversidad cultural y profesional. Regulación básica La libre circulación de trabajadores tiene su base en las siguientes disposiciones legales: 1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) El artículo 45 TFUE establece la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea prohibiendo cualquier discriminación basada en la nacionalidad respecto al empleo, remuneración y demás condiciones laborales. Este artículo es la base jurídica fundamental del derecho. 2. Reglamento (UE) nº 492/2011 de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Regula la igualdad de trato en materia de acceso al empleo, condiciones de trabajo y beneficios sociales entre los trabajadores nacionales y los trabajadores de otros Estados miembros. También cubre aspectos relacionados con la cooperación entre servicios públicos de empleo en la UE. 3. Directiva 2004/38/CE de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros Relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a circular y residir libremente en los Estados miembros. Es fundamental porque regula derechos específicos como el permiso de residencia, la permanencia, y el derecho de los familiares a residir en el Estado receptor. 4. Directiva 2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales Regula el reconocimiento mutuo de títulos y cualificaciones profesionales obtenidos en otro Estado miembro, facilitando el ejercicio efectivo del derecho a trabajar en profesiones reguladas dentro de la UE. 5. Reglamento (CE) nº 883/2004 y Reglamento (CE) nº 987/2009 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social Estos reglamentos aseguran que las personas que se desplazan dentro de la UE, el EEE o Suiza, no pierdan sus derechos de seguridad social, estableciendo mecanismos claros para determinar en qué país deben cotizar y cómo se acumulan derechos en materia de pensiones, desempleo, atención médica y otras prestaciones. Requisitos esenciales a tomar en consideración Por consiguiente, si contemplas trabajar o contratar personal de otro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) -Noruega, Liechtenstein e Islandia- o Suiza -aunque este país no es miembro del EEE ni de la UE, ha celebrado acuerdos bilaterales con la Unión que le otorgan acceso al mercado único, incluyendo la libre circulación de personas- estos son aspectos regulatorios fundamentales: 1. Reconocimiento de cualificaciones profesionales En profesiones reguladas (médicos, abogados, ingenieros, entre otras) es necesario obtener un reconocimiento de la cualificación profesional por parte del Estado de destino. Este proceso puede incluir presentación de títulos académicos, certificados profesionales, y en ciertos casos, superar exámenes o prácticas específicas. 2. Seguridad social y fiscalidad Los trabajadores migrantes deben cotizar en el país en el que trabajan, con independencia de su país de origen. Existen normativas europeas que aseguran que las cotizaciones y prestaciones sean coordinadas, pero es importante verificar requisitos específicos sobre cobertura sanitaria, jubilación y otros beneficios. El Formulario A1 es un documento esencial para trabajadores desplazados temporalmente (por ejemplo, trabajadores en comisión de servicio), ya que certifica el país donde cotiza el trabajador. Este formulario permite acceder a la asistencia sanitaria y evita la doble cotización. Las empresas deben asegurarse de cumplir con obligaciones fiscales locales sobre nóminas y contratos laborales específicos según el Estado miembro donde se desempeñará el trabajo. 3. Contratación y condiciones laborales Las empresas deben respetar siempre las condiciones laborales mínimas del país receptor. Estas incluyen salario mínimo, jornada laboral, vacaciones, bajas por enfermedad y seguridad en el trabajo. No hacerlo puede derivar en sanciones económicas y litigios laborales. Recomendaciones prácticas para trabajadores Si estás pensando en trabajar en otro país de la UE, EEE o Suiza: Investiga previamente las condiciones laborales y de vida en el país receptor. Verifica si tu profesión requiere un reconocimiento específico y comienza el proceso con suficiente antelación. Solicita la Tarjeta Sanitaria Europea para garantizar el acceso inmediato a servicios médicos. Asegúrate de tener claros los términos de tu contrato de trabajo, especialmente en relación con la duración, condiciones salariales y derechos laborales. Considera recibir asesoría especializada para entender plenamente tus derechos y obligaciones en materia laboral y fiscal. Recomendaciones clave para empresas que desean contratar trabajadores de otro país europeo Si eres una empresa considerando aprovechar la libre circulación: Familiarízate con los procedimientos administrativos y requisitos específicos del país en el que se ubicará el trabajador. Asegúrate de cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social aplicables. Comunica claramente al trabajador sus derechos laborales, condiciones salariales y beneficios sociales conforme a la legislación local. Proporciona acompañamiento inicial en temas prácticos como alojamiento, integración cultural y apoyo lingüístico, para garantizar una transición exitosa. Retos en la práctica: ¿Qué dificultades existen? Pese a sus claros beneficios, la libre circulación de trabajadores no está exenta de desafíos prácticos y jurídicos que pueden obstaculizar su pleno aprovechamiento. 1. Diferencias regulatorias y administrativas: las disparidades en reconocimiento de titulaciones profesionales, burocracia administrativa y falta de información clara pueden complicar enormemente el acceso efectivo al empleo, puesto que, no siempre los Estados miembros facilitan estos procesos de forma eficaz. 2. Retos en materia de seguridad social y fiscalidad: la coordinación entre los sistemas nacionales de seguridad social representa un reto significativo, especialmente en casos de movilidad frecuente o temporal. Esto puede derivar en situaciones complejas relacionadas con la cotización, la acumulación de derechos o el acceso a pensiones y prestaciones sociales. 3. Barreras lingüísticas y culturales: aunque menos visibles desde un punto de vista jurídico, las barreras culturales y lingüísticas son determinantes, puesto que estas pueden limitar significativamente la integración laboral plena y generar situaciones de discriminación indirecta. Perspectivas y propuestas de mejora En este aspecto, la Unión Europea continúa trabajando para fortalecer este principio fundamental mediante varias iniciativas clave: Digitalización y simplificación administrativa: promover plataformas digitales únicas que permitan un fácil reconocimiento y validación de titulaciones y derechos laborales a nivel europeo. Reforzamiento de la cooperación entre Estados miembros: avanzar en la armonización o, al menos, en la coordinación más efectiva de los sistemas de seguridad social y fiscales. Programas de integración cultural y lingüística: impulsar iniciativas que faciliten la integración real y efectiva de los trabajadores en sus nuevos contextos laborales y sociales, reduciendo las barreras no jurídicas que aún persisten. Así pues, es que por todo lo dicho con antelación, podemos concluir que la libre circulación de trabajadores es una ventaja significativa tanto para trabajadores que buscan crecimiento profesional internacional como para empresas que necesitan acceder a talento cualificado y diversificado en toda Europa. Sin embargo, para beneficiarse plenamente de esta libertad, es fundamental conocer bien la regulación, anticipar posibles complicaciones administrativas y adoptar estrategias proactivas que faciliten la integración efectiva. Por ende, se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento jurídico especializado para asegurar una movilidad laboral segura, eficiente y ventajosa para todas las partes implicadas. No olvidemos que, este derecho, correctamente gestionado, continúa siendo un potente motor de crecimiento personal y empresarial en la Unión Europea.
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Los aranceles dentro del comercio internacional

En breve


El régimen arancelario es de suma relevancia a la hora de considerar adentrarse en el sector imports-exports


¿Qué son los aranceles?


Los aranceles son las tarifas oficiales que determinan los derechos que han de pagarse sobre la importación de mercancías y que se establecen de conformidad a las necesidades de la economía de un Estado.


Independientemente de que es el importador quien tradicionalmente soporta el coste de los aranceles, es esencial para los exportadores el conocimiento de los aranceles a los cuales estarán supeditados sus productos, debido a que la tarifa arancelaria incidirá de forma directa en las operaciones comerciales -al incrementar el precio final de los productos-.


Por lo tanto, el exportador antes de intentar introducirse en un nuevo mercado, debe de considerar muy bien el hecho de si es o no factible el exportar sus productos en determinado país o región, ya que, como se ha señalado, los aranceles pueden elevar el precio de forma considerable y, con ello, dejar de ser los productos rentables para el importador.


Así pues, con los aranceles se pretende alcanzar primordialmente dos cuestiones: la primera responde a lograr la protección de los bienes que se producen en el país importador y que puedan verse afectados por el ingreso de productos similares -competitividad-; la segunda tiene que ver meramente con una finalidad recaudatoria ya que esto implica un aumento de los ingresos del Estado.



¿Qué tipos de aranceles existen?


Los aranceles pueden ser ad valorem, específicos y mixtos.


Los aranceles ad valorem se expresan en términos porcentuales y se aplican sobre el valor en aduana de la mercancía.


Por ejemplo: un producto cuyo valor sea de 2,000€ y tenga una valoración ad valorem del 4%, su impuesto será de 80€.


Los aranceles específicos se manifiestan en términos monetarios por unidad de medida. En este caso, el valor real de la mercancía no tiene ninguna trascendencia fiscal. 


Por ejemplo: un producto tiene un arancel de 100€ por tonelada. Por ende, para una importación de 2000kg (2t), el derecho arancelario sería de 200€ (2*100€).


Los aranceles mixtos son una combinación de los dos anteriores.


Por ejemplo: un producto tiene un arancel del 8% más 41,9€ por Qn (quintal neto= 100kg). De tal modo, para una importación de 1.000 Kgr por un valor de 700€ el derecho de arancel sería: 

700 * 8%= 56 €

10 [1.000kg /100kg (Qn)]* 41,9 = 419 €

Importe total: 56 € + 419 € = 475 €


Cabe hacer mención, que en los casos donde existe un acuerdo -como los Tratados de Libre Comercio- pueden llegar a efectuarse reducciones significativas de éstos, o inclusive, eliminarse -arancel cero-.



 ¿Para qué se clasifican las mercancías?


Todas las mercancías -sin excepción alguna- deben clasificarse arancelariamente al entrar por las aduanas con el objeto de detectar de forma transparente y concreta cuál es la tasa de arancel que les corresponde pagar conforme al tipo de arancel aplicable, así como también para vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, tales como: permisos, regulaciones sanitarias, normas de etiquetado, entre otras a las cuales se encuentren sujetas.


De tal manera, podemos definir a la clasificación arancelaria como el orden sistemático-uniforme de todas las mercancías en una nomenclatura determinada en la que a cada mercadería se le localiza mediante un código numérico general que prácticamente representa lo mismo en la gran mayoría de las aduanas del orbe.


Así pues, las mercancías que se incorporan a la circulación del comercio exterior se clasifican con base en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual ha sido adoptado por los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, toda vez que dicha clasificación resulta fundamental para las operaciones que se llevan a cabo dentro del comercio internacional.


A guisa de ejemplo, en el caso de la Unión Europea la clasificación arancelaria de las mercancías se encuentra estructurada de la siguiente forma:


1. El Sistema Armonizado (HS Nomenclature): Este tiene su origen en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas del año 1983, y que es la nomenclatura utilizada en más de 200 países del mundo.


Este sistema abarca más de 5.000 grupos de mercancías y se organiza por secciones, capítulos, partidas y subpartidas, de modo que el código que se genera se conoce como Código del Sistema Armonizado o HS Code, el cual será prácticamente el mismo en los demás países del mundo.


2. La Nomenclatura Combinada: Esta responde a una subdivisión adicional del Sistema Armonizado específica de la Unión Europea. Cualquier mercancía ya sea importada o exportada que se declare en una aduana de la Unión ha de efectuarse conforme a esta nomenclatura, ya que va a condicionar el tipo de derecho aduanero que es aplicable y el tratamiento estadístico de esos productos.


3. El Arancel Integrado (Código TARIC): Este arancel permite acceder a la información precisa sobre todas las medidas arancelarias aplicables a mercancías concretas, tales como el arancel de importación, el sistema de preferencias arancelarias, las medidas antidumping, etc.


Finalmente, cabe añadir que es el exportador quien en la práctica habitual es el que se encarga de señalar al importador cuál es la clasificación arancelaria de las mercancías.



¿En qué consiste la valoración aduanera?


La valoración aduanera es la determinación del valor económico de las mercancías declaradas para la importación.


Existen 6 métodos para su valoración: el método del valor de transacción; el valor de transacción de mercancías idénticas; el valor de transacción de mercancías similares; el método deductivo; el método calculado y el método de retroceso, siendo el principal método de valoración el del valor de transacción, que abarca el importe total pagado o por pagar por las mercancías importadas.


Dentro de la Unión Europea existen normas comunes para la valoración aduanera; empero, en ocasiones las valoración puede variar de un país a otro. Por consiguiente, la Unión se esfuerza en forjar acuerdos comerciales que contengan principios esenciales para favorecer el intercambio comercial y que se encuentren armonizados con el Código Aduanero comunitario.



¿A quién beneficia la aplicación de los aranceles?


Como ya hemos apuntado, los aranceles se aplican básicamente para proteger a sus productos internos, estos es, su industria local.


Por ende, con su aplicación se beneficia tanto el gobierno de un país -ingresos fiscales-, como su industria interna, ya que los precios de la competencia serán más caros y se reduce el riesgo de que ingresen productos de menor calidad a iguales precios, además de que las pequeñas empresas puedan seguir prosperando.



No obstante lo anterior, también existen afectados por su aplicación, siendo el importador el primer afectado al tener que pagar una mayor cantidad por los artículos que desea introducir al país y; por otra parte, resulta perjudicado el consumidor final, ya que el valor del arancel se traslada al precio del producto en el mercado, aumentado en consecuencia su precio.