Por Francisco Barquín 9 de abril de 2025
La libre circulación de trabajadores es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea (UE) y constituye una piedra angular del mercado único europeo. Este principio permite que cualquier ciudadano europeo pueda desplazarse, residir y trabajar en cualquier otro Estado miembro sin restricciones injustificadas. De tal manera, en un contexto de creciente movilidad internacional, analizar los beneficios, desafíos y perspectivas actuales de este derecho resulta clave para entender su impacto real tanto en los ciudadanos como en las empresas. ¿Qué implica exactamente este derecho? La libre circulación de trabajadores no solo significa poder moverse físicamente entre países. En la práctica, implica: Derecho a trabajar en cualquier país de la UE sin necesitar un permiso específico, salvo algunos procedimientos administrativos mínimos. Igualdad de trato respecto a condiciones laborales, salarios, acceso a prestaciones sociales, formación profesional y sindicalización. Derecho a residir junto con familiares directos, quienes también adquieren derechos derivados como acceso al mercado laboral, educación y atención sanitaria. Beneficios tangibles para trabajadores y empresas Como es de amplio conocimiento, desde su implantación, la libre circulación de trabajadores ha generado beneficios importantes tanto para los individuos como para las economías de los países miembros. Para los trabajadores: Mejora de oportunidades laborales al poder acceder a mercados de trabajo más dinámicos o especializados. Incremento en las posibilidades de desarrollo profesional y personal, permitiendo la adquisición de experiencias internacionales valiosas. Garantía de igualdad en condiciones laborales, salarios y protección social. Para las empresas: Acceso a una mano de obra más amplia y diversa, fundamental para cubrir escasez de talento y habilidades específicas. Mayor flexibilidad para responder rápidamente a cambios económicos y sectoriales. Potencial incremento en productividad e innovación, fruto de la diversidad cultural y profesional. Regulación básica La libre circulación de trabajadores tiene su base en las siguientes disposiciones legales: 1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) El artículo 45 TFUE establece la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea prohibiendo cualquier discriminación basada en la nacionalidad respecto al empleo, remuneración y demás condiciones laborales. Este artículo es la base jurídica fundamental del derecho. 2. Reglamento (UE) nº 492/2011 de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Regula la igualdad de trato en materia de acceso al empleo, condiciones de trabajo y beneficios sociales entre los trabajadores nacionales y los trabajadores de otros Estados miembros. También cubre aspectos relacionados con la cooperación entre servicios públicos de empleo en la UE. 3. Directiva 2004/38/CE de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros Relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a circular y residir libremente en los Estados miembros. Es fundamental porque regula derechos específicos como el permiso de residencia, la permanencia, y el derecho de los familiares a residir en el Estado receptor. 4. Directiva 2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales Regula el reconocimiento mutuo de títulos y cualificaciones profesionales obtenidos en otro Estado miembro, facilitando el ejercicio efectivo del derecho a trabajar en profesiones reguladas dentro de la UE. 5. Reglamento (CE) nº 883/2004 y Reglamento (CE) nº 987/2009 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social Estos reglamentos aseguran que las personas que se desplazan dentro de la UE, el EEE o Suiza, no pierdan sus derechos de seguridad social, estableciendo mecanismos claros para determinar en qué país deben cotizar y cómo se acumulan derechos en materia de pensiones, desempleo, atención médica y otras prestaciones. Requisitos esenciales a tomar en consideración Por consiguiente, si contemplas trabajar o contratar personal de otro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) -Noruega, Liechtenstein e Islandia- o Suiza -aunque este país no es miembro del EEE ni de la UE, ha celebrado acuerdos bilaterales con la Unión que le otorgan acceso al mercado único, incluyendo la libre circulación de personas- estos son aspectos regulatorios fundamentales: 1. Reconocimiento de cualificaciones profesionales En profesiones reguladas (médicos, abogados, ingenieros, entre otras) es necesario obtener un reconocimiento de la cualificación profesional por parte del Estado de destino. Este proceso puede incluir presentación de títulos académicos, certificados profesionales, y en ciertos casos, superar exámenes o prácticas específicas. 2. Seguridad social y fiscalidad Los trabajadores migrantes deben cotizar en el país en el que trabajan, con independencia de su país de origen. Existen normativas europeas que aseguran que las cotizaciones y prestaciones sean coordinadas, pero es importante verificar requisitos específicos sobre cobertura sanitaria, jubilación y otros beneficios. El Formulario A1 es un documento esencial para trabajadores desplazados temporalmente (por ejemplo, trabajadores en comisión de servicio), ya que certifica el país donde cotiza el trabajador. Este formulario permite acceder a la asistencia sanitaria y evita la doble cotización. Las empresas deben asegurarse de cumplir con obligaciones fiscales locales sobre nóminas y contratos laborales específicos según el Estado miembro donde se desempeñará el trabajo. 3. Contratación y condiciones laborales Las empresas deben respetar siempre las condiciones laborales mínimas del país receptor. Estas incluyen salario mínimo, jornada laboral, vacaciones, bajas por enfermedad y seguridad en el trabajo. No hacerlo puede derivar en sanciones económicas y litigios laborales. Recomendaciones prácticas para trabajadores Si estás pensando en trabajar en otro país de la UE, EEE o Suiza: Investiga previamente las condiciones laborales y de vida en el país receptor. Verifica si tu profesión requiere un reconocimiento específico y comienza el proceso con suficiente antelación. Solicita la Tarjeta Sanitaria Europea para garantizar el acceso inmediato a servicios médicos. Asegúrate de tener claros los términos de tu contrato de trabajo, especialmente en relación con la duración, condiciones salariales y derechos laborales. Considera recibir asesoría especializada para entender plenamente tus derechos y obligaciones en materia laboral y fiscal. Recomendaciones clave para empresas que desean contratar trabajadores de otro país europeo Si eres una empresa considerando aprovechar la libre circulación: Familiarízate con los procedimientos administrativos y requisitos específicos del país en el que se ubicará el trabajador. Asegúrate de cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social aplicables. Comunica claramente al trabajador sus derechos laborales, condiciones salariales y beneficios sociales conforme a la legislación local. Proporciona acompañamiento inicial en temas prácticos como alojamiento, integración cultural y apoyo lingüístico, para garantizar una transición exitosa. Retos en la práctica: ¿Qué dificultades existen? Pese a sus claros beneficios, la libre circulación de trabajadores no está exenta de desafíos prácticos y jurídicos que pueden obstaculizar su pleno aprovechamiento. 1. Diferencias regulatorias y administrativas: las disparidades en reconocimiento de titulaciones profesionales, burocracia administrativa y falta de información clara pueden complicar enormemente el acceso efectivo al empleo, puesto que, no siempre los Estados miembros facilitan estos procesos de forma eficaz. 2. Retos en materia de seguridad social y fiscalidad: la coordinación entre los sistemas nacionales de seguridad social representa un reto significativo, especialmente en casos de movilidad frecuente o temporal. Esto puede derivar en situaciones complejas relacionadas con la cotización, la acumulación de derechos o el acceso a pensiones y prestaciones sociales. 3. Barreras lingüísticas y culturales: aunque menos visibles desde un punto de vista jurídico, las barreras culturales y lingüísticas son determinantes, puesto que estas pueden limitar significativamente la integración laboral plena y generar situaciones de discriminación indirecta. Perspectivas y propuestas de mejora En este aspecto, la Unión Europea continúa trabajando para fortalecer este principio fundamental mediante varias iniciativas clave: Digitalización y simplificación administrativa: promover plataformas digitales únicas que permitan un fácil reconocimiento y validación de titulaciones y derechos laborales a nivel europeo. Reforzamiento de la cooperación entre Estados miembros: avanzar en la armonización o, al menos, en la coordinación más efectiva de los sistemas de seguridad social y fiscales. Programas de integración cultural y lingüística: impulsar iniciativas que faciliten la integración real y efectiva de los trabajadores en sus nuevos contextos laborales y sociales, reduciendo las barreras no jurídicas que aún persisten. Así pues, es que por todo lo dicho con antelación, podemos concluir que la libre circulación de trabajadores es una ventaja significativa tanto para trabajadores que buscan crecimiento profesional internacional como para empresas que necesitan acceder a talento cualificado y diversificado en toda Europa. Sin embargo, para beneficiarse plenamente de esta libertad, es fundamental conocer bien la regulación, anticipar posibles complicaciones administrativas y adoptar estrategias proactivas que faciliten la integración efectiva. Por ende, se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento jurídico especializado para asegurar una movilidad laboral segura, eficiente y ventajosa para todas las partes implicadas. No olvidemos que, este derecho, correctamente gestionado, continúa siendo un potente motor de crecimiento personal y empresarial en la Unión Europea.
Por Francisco Barquín 28 de noviembre de 2024
El proceso monitorio europeo
Por Francisco Barquín 31 de octubre de 2024
La política ambiental dentro de la Unión Europea
Por Francisco Barquín 24 de octubre de 2024
Incoterms: transporte marítimo y fluvial
Por Francisco Barquín 17 de octubre de 2024
Lex Mercatoria
Por Francisco Barquin 3 de octubre de 2024
Nociones generales en materia de derechos de autor
Por Francisco Barquín 25 de junio de 2024
El proceso europeo de escasa cuantía
Por Francisco Barquín 19 de junio de 2024
Nacionalidad Española por residencia
Por Francisco Barquín 6 de junio de 2024
“Boilerplate Clauses” en contratos internacionales
Por Francisco Barquín 28 de diciembre de 2023
El crédito documentario en el comercio internacional
Show More

El arbitraje internacional dentro del comercio exterior


Sinopsis

El empleo de este mecanismo extrajudicial constituye una de las formas más comunes y expeditas para solventar conflictos que surgen en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales


  • ¿Por qué acudir al arbitraje internacional?


El arbitraje internacional es el mecanismo más aplicado para solventar las controversias privadas que se suscitan en materia comercial dentro del ámbito internacional en virtud de su reconocimiento a nivel global, su adaptabilidad y presteza para dar solución a esta clase de desavenencias.


Dentro de un mundo cada vez más globalizado, el proceso de internacionalización ha derivado en la realización de negocios con personas físicas o jurídicas localizadas en otros países, por lo que cualquier empresa o negocio puede verse envuelto en alguna clase de conflicto con alguno de estos actores, siendo las controversias de carácter comercial y contractual las más habituales, esto sin dejar a un lado cuestiones relacionadas con la competencia, la responsabilidad civil y la propiedad intelectual.


Por consiguiente, las empresas requieren contar con seguridad jurídica para desarrollar su actividad de forma sostenible, por lo que al entablar un acuerdo con otra empresa situada en territorio internacional, es por demás relevante determinar la legislación por la que se regirá dicho contrato, ya que un arbitraje internacional puede estar sujeto de forma simultánea a varias legislaciones entre sí, ya sea: a la ley que regula la capacidad de una parte para arbitrar; la ley aplicable al procedimiento en sí -lex fori-; la ley aplicable al fondo del asunto -lex causae-; o la la ley del lugar de ejecución del laudo.


De tal manera, con el fin de prevenir controversias y disputas surgidas entre las empresas, es muy recomendable que en los contratos que éstas firmen se incluyan cláusulas relativas al arbitraje.


Así pues, cuando una empresa ha agotado cualquier posibilidad de negociar con la contraparte para solucionar un problema comercial internacional, puede recurrir al arbitraje como vía extrajudicial para la resolución de estas controversias ya que es la forma más oportuna y efectiva antes de internarse en un litigio.


  • ¿Qué es el arbitraje internacional?


El arbitraje internacional tiene por objeto la resolución de los conflictos que surjan en el contexto del tráfico jurídico internacional. Este tendrá carácter internacional cuando cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias:


  1. Que las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes en el momento de la celebración del convenio arbitral.
  2. Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a este, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar en el que esta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios.
  3. Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional.


  • ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento arbitral? 


El proceso arbitral de forma general, consta de varias fases. En lo relativo al más común, esto es, el instaurado ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés), este se inicia con la presentación de la demanda directamente en la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje en París por correo postal -hay también otras oficinas de la Corte para administrar y seguir los casos, tales como en Nueva York, Sao Paolo, Hong Kong, Singapore, y Abu Dhabi-. 


Con esto, se da inicio del proceso arbitral y la notificación a la parte demandada para, subsecuentemente, se dé lugar a la contestación de la demanda y, una vez hecho esto, se proceda a la designación de los árbitros, así como a la comunicación de su nombramiento.


En estas etapas intervienen, además de las partes interesadas, la Secretaría General de la Corte arbitral, la Corte arbitral y el Tribunal arbitral (los árbitros). El papel de la Corte arbitral consiste en nombrar al Tribunal y en supervisar el proceso arbitral, así como determinar la provisión para gastos del arbitraje. Por su parte, el Tribunal arbitral se encargará de dirimir la controversia, mientras que la Secretaría General de la Corte arbitral se ocupa de recibir los escritos de las partes y notifica a éstas las decisiones de los árbitros, una vez aprobadas por la Corte.


En la misma tesitura, cuando el Tribunal arbitral recibe el expediente, y una vez que haya oído a las partes, tiene lugar la instrucción del proceso mediante la denominada Acta de Misión, la cual, es un documento en el que se establece de forma puntual las pretensiones de las partes y la materia de la controversia, y que deberá aquel remitir, firmado por las partes, a la Corte arbitral en un plazo de dos meses. 


Por último, el proceso finaliza con un laudo arbitral que no podrá ser recurrido al no existir instancia ulterior. Un laudo extranjero puede ser sometido a un proceso de homologación (exequatur) para su reconocimiento y ejecución (en el caso de España para que un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje sea ejecutado se deberá acudir ante la Audiencia Provincial).


Cabe hacer mención que la duración de un arbitraje, aunque es más corta que un proceso judicial, en ocasiones también suele tardar bastante tiempo, dependiendo de la complejidad y envergadura del asunto. Así, tenemos que la duración promedio desde la presentación de la demanda hasta que el laudo es dictado suele ser de nueve meses. Sin embargo, cada asunto tiene sus particularidades, por lo que ha habido asuntos que tan solo han durado 45 días, como otros que han llegado a durar hasta tres o cuatro años (en casos de cuantías inferiores a tres millones de dólares, el Reglamento de Arbitraje de la ICC utiliza el procedimiento abreviado para poder alcanzar un laudo aproximadamente en seis meses). 


  • ¿Cuáles son la ventajas del arbitraje?


Las principales ventajas que ofrece el arbitraje internacional son las siguientes:


  • El arbitraje puede resolver las controversias de forma más expedita y ser menos costoso que la vía judicial. 


  • Las partes interesadas pueden desempeñar un papel activo en la selección del árbitro o árbitros -si se constituyen en Tribunal-, quienes son expertos en este campo de acción, en lugar de un Juez que solo tiene conocimientos generales en la materia, por lo que se adquiere una pericia técnica que podrá dar mayor eficacia al laudo, así como una mayor flexibilidad, ya que éstos cuentan con una mayor discrecionalidad en la aplicación de las normas jurídicas que los jueces.


  • Puede ser confidencial, lo cual es conveniente si las partes desean continuar posteriormente con su relación de negocios, o bien, para impedir cualquier tipo de publicidad negativa.


  • El árbitro o Tribunal arbitral adoptará una posición neutral para la resolución de las controversias, sin tomar inclinación alguna por la procedencia de alguna de las partes, máxime que éstos se encuentran totalmente desligados de los órganos judiciales de los países de los que son naturales las partes involucradas.


  • Observaciones finales


Como podemos ver, esta figura resulta de suma importancia dentro de las relaciones de comercio exterior, por lo cual, el encontrarse asistido por abogados especialistas en este caso de actuación es altamente recomendable, ya que éstos asisten a sus clientes para que el arbitraje sea exitoso o se encuentre bien delimitado desde el acuerdo de voluntades, amén de que gran parte de los letrados en esta área tiene una vasta comprensión y conocimiento de las diferentes leyes extranjeras.


No obstante lo anterior, cabe resaltar, que aunque el arbitraje es una efectiva vía para la resolución de disputas de índole internacional, en la práctica se ha puesto de manifiesto, que a pesar de los diversos convenios existentes y extenso reconocimiento que se le otorga, aún siguen existiendo en algunos países dificultades para que el laudo se ejecute.


  • Cuadro legislativo a destacar:


  • Convenio de Nueva York de 1958.
  • Reglamento de arbitraje ICC 2021.
  • Reglas de arbitraje de la CNUDMI 2013.
  • Ley Modelo de 1985 de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional y sus enmiendas de 2006.
  • Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje.